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viernes, 27 de febrero de 2009

Resolución de IURM sobre el plan Bolonia

POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

EN EL MARCO DE UN ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

¡NINGUNA CONVERGENCIA SIN FINANCIACIÓN!

El proyecto capitalista neoliberal en Europa sólo contempla su convergencia formal y nominal en términos de mercado, marginando la perspectiva de una convergencia real en términos de cohesión social. Esto ha potenciado graves desequilibrios sociales y territoriales en el marco de una Unión Europea, con una moneda única, pero con una profunda heterogeneidad social y económica. En este contexto, el proyecto de construcción europea que IU propugna apuesta por una convergencia real, con exigencias como una fiscalidad europea netamente progresiva, un salario mínimo europeo y una carta social europea que garantice de forma efectiva los derechos sociales.

Ello requiere una convergencia real también en la educación superior. Pero tal convergencia no se puede limitar a una homologación formal de los niveles de titulación superior y a una unidad de medida de los estudios superiores, sino que requiere una efectiva dotación de recursos que la haga posible:

Hace falta una plantilla suficiente de profesorado, adecuada y formada, para promover una pedagogía activa basada en el protagonismo y la participación estudiantil, única forma de conseguir un aprendizaje "centrado en el estudiantado". La aplicación de nuevas metodologías docentes pasa por una inversión mucho mayor en la contratación de profesores y por la reforma de las aulas unidireccionales existentes. El Informe de Financiación publicado por el Ministerio insta a una inversión en educación universitaria del 1’5 % del PIB, cantidad de la que aún nos alejamos. Si la financiación de la reforma metodológica no se acomete urgentemente, hay un gran riesgo de que la aplicación de las nuevas metodologías fracase. El Informe de Financiación nos plantea también muchos interrogantes. En Murcia, dada la escasez de tejido productivo, tememos que la insistencia en la financiación mixta nos aleje, en calidad, de otras universidades españolas. Consideramos, por ello, que en ningún caso se debe supeditar la atribución de recursos públicos a la capacidad de atraer capitales privados para la financiación de la Universidad. Se requieren también informaciones con respecto al trabajo de la Comisión de Financiación que debe pronunciarse en febrero.

Hace falta un sistema generalizado de becas-salario que mejore la deficiente dotación presupuestaria actual y que permita hacer efectiva la figura de estudiante a tiempo completo, de acuerdo con el principio de la "dimensión social" de la convergencia, basado en que los estudiantes puedan completar su educación superior "sin obstáculos relacionados con su origen social y económico"; evitando así que se reproduzcan y amplíen las diferencias sociales. La crisis no puede servir de excusa para poner trabas al acceso generalizado a una educación superior de calidad. Izquierda Unida rechaza la figura de la beca préstamo. Aunque se afirme que estas becas son complementarias de las becas concedidas en razones de renta o mérito académico y se argumente que la cuantía de estas últimas ha crecido a lo largo de los últimos años, consideramos que no queda justificada su existencia. España, que según los datos ofrecidos por el propio Ministerio, aún invierte en becas menos de la mitad que sus socios de la OCDE, debe ante todo, alcanzar la media de la organización en gasto en becas. Sólo cuando las necesidades del alumnado de renta baja se hayan cubierto y cuando la excelencia académica se haya premiado de forma más justa, se podrá hablar de nuevas figuras o tipos de ayudas o incentivos al estudio. En cualquier caso, la beca préstamo no puede ser en ningún caso una fórmula adecuada. La convocatoria publicada por el Ministerio en la resolución del 21 de marzo de 2007, adolece de graves faltas. La concesión de cualquier tipo de ayudas sin que medien los criterios de renta o rendimiento académico nos parece injustificable. Atacamos la legitimidad de incentivar a personas capaces de autosuficiencia y manifestamos también una posición contraria a que se trate por igual al alumnado con alto y bajo rendimiento académico. El modelo español, en el que son entidades de crédito privadas las encargadas de gestionar estas ayudas, favorece poco la transparencia en su gestión y adjudicación.

Compárese, por ejemplo, con el caso alemán, en el que KfW, institución de crédito pública, es la gestora de un tipo de ayuda semejante. Se recomienda por ello, la supresión por tiempo indeterminado de este tipo de beca préstamo al término del contrato de cuatro años acordado con las entidades crediticias. Asímismo, en las dos próximas convocatorias, han de ser organismos públicos los que determinen la atribución de estas ayudas, mediante criterios de renta y mérito académico indicados en las futuras convocatorias. Se exige además, que, en los Anexos que señalan la concesión de esta ayuda, se indique la titulación a la que pertenece cada beneficiario y que se publiquen estadísticas reflejando el porcentaje de alumnos de cada titulación que, habiendo solicitado esta ayuda, lograron obtenerla.

Hace falta precios asequibles para los Master: La horquilla de precios para el Máster de entre 13 y 28 euros crédito fijada en junio de 2007 por la Conferencia General de Política Universitaria es muy alta. Atenta al principio de igualdad de oportunidades que cada estudiante debe tener con independencia de la región de donde venga. Constituye un sinsentido hablar de un aumento de las becas mientras que los precios de Máster sigan siendo tan altos. En este sentido se insta a que el Ministerio de Ciencia e Innovación fije en los órganos adecuados un précio de crédito de Máster en torno a los 13 euros, para acercar el precio de la matrícula en estos estudios al de la matriculación en las antiguas licenciaturas. Un precio diferenciado entre Máster y Grado nos aleja de otros modelos universitarios europeos. Considérese el caso de las Universidades de Berlín o París, en las que la inscripción anual para cursar Máster oscila entre los 200 y 300 euros.

Hace falta una auténtica representación estudiantil: Izquierda Unida de la Región de Murcia manifiesta su oposición al modelo del Consejo Nacional de Estudiantes planteado en el borrador que publicó el Ministerio de Ciencia e Innovación en enero de 2009 , así como cualquier fórmula de composición mixta donde los representantes del Ministerio de Educación ostenten la máxima representación. La creación del Consejo de Estudiantes Nacional debe ser sometido al voto de los estudiantes de las distintas universidades españolas. La legitimidad de un órgano que, en teoría, representaría al conjunto de la población estudiantil universitaria, pasa por que los mismos alumnos hayan delegado en este órgano, de forma directa, su voluntad soberana.

Tememos que una creación arbitraria por parte del Ministerio y la elección de sus miembros sin que resulten del voto estudiantil, prolongará la situación de desencanto de los universitarios con los actores estudiantiles reconocidos. Una representación profesionalizada tampoco conviene a un ámbito como la Universidad, en el que las elecciones a delegado se producen cada año. Mirando a cualquier futura reforma universitaria, se debería contar con los delegados de titulación elegidos anualmente y con movimientos sociales universitarios capaces de aportar matices críticos a las reformas. Relacionado con este punto, criticamos también la oscuridad en la selección de representantes estudiantiles en la ANECA. No habiéndose publicado criterios públicos de selección, ni habiéndose convocado concurso de selección alguno, el proceso adolece de una total falta de transparencia y reviste un carácter antidemocrático notorio. En este mismo ámbito reclamamos la apertura de un debate público sobre los criterios de actuación de la ANECA.

Y todo esto en la perspectiva de unas universidades públicas europeas, entendidas como un servicio público abierto a toda la ciudadanía, que no busquen la "competitividad", sino la calidad y la cooperación con todo el mundo. Y que no estén supeditadas a las estrechas demandas e intereses del mercado, sino que busquen la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional, única forma además de impulsar un desarrollo sostenible que posibilite una salida real de la crisis. Por ello pedimos la modificación de los puntos 14 y 32 de la LOU, los cuales hacen referencia a la ANECA y a la composición de los miembros del Consejo Social, marcados ambos por la preponderancia de grandes empresas privadas, y principales herramientas del sometimiento de la autonomía universitaria al libre mercado. Para desligarse de la mercantilización de la educación superior y garantizar la plena y universal autonomía académica tanto en la investigación como en los planes de estudio es necesario huir de las propuestas de financiación mixta (que propone otorgar más financiación a aquellos proyectos que cuenten con más financiación externa en su haber) y apostar por contar con un modelo presupuestario plenamente financiado por el estado. Para ello se requiere un fuerte incremento de la financiación pública de las universidades, teniendo claro que sin una convergencia en la financiación no es posible ninguna convergencia real de la educación superior.

IU apuesta y exige un sistema de financiación pública y estable que permita avanzar de forma efectiva hacia una Universidad Pública, Democrática, Crítica y de Calidad en el marco de un verdadero espacio europeo de educación superior.

Por el contrario, el proceso de implantación de las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (comúnmente llamado “proceso de Bolonia”) se está realizando en nuestro país en condiciones de recortes presupuestarios y bajo el prisma de la mercantilización, que amenazan la calidad de la docencia universitaria y de las titulaciones proyectadas, e incluso su subsistencia, corriendo peligro de desaparecer allí donde no cuenten con la demanda mínima de estudiantes matriculados en el primer curso de carrera; con insuficiencia de becas y empeoramiento de las condiciones de los préstamos para los Masters, cuya nueva regulación limita su carencia a un período inicial (entre 5 y 10 años), amenazando así con hipotecar a los estudiantes. En este sentido, nos preocupa también muchísimo el futuro mapa de titulaciones en España. El dictamen del Informe de Financiación de 2007, que recomienda concentrar en determinadas universidades las titulaciones que no alcancen los 75 matriculados de primer año, nos parece aberrante.

El criterio de la demanda en primer año de estudios no se ajusta a la realidad universitaria, que demuestra que licenciaturas con escaso número de alumnos se integran de forma fenomenal en el mercado laboral. En Murcia, los estudiantes que se presentan a oposiciones públicas de algunas de las titulaciones amenazadas (filología clásica, filología francesa,…) consiguen entrar, de forma generalizada, en institutos de educación secundaria. Reduciendo la oferta de titulaciones como éstas a unas pocas ciudades españolas se entrará en un círculo vicioso, que llevará a muchos estudiantes a desistir de cursar estos estudios (máxime cuando las becas de movilidad no son muy cuantiosas). Pudiendo contar, por tanto, con titulados fácilmente ubicables en el mercado laboral, la reforma atenta contra esta fuente segura de empleo.

Todo ello es responsabilidad de los Gobiernos Autonómicos o del Gobierno Zapatero-Garmendía; y justifica sin duda la inquietud y protestas del movimiento estudiantil, pero sin olvidar que los responsables de la situación están dentro del Estado Español.

La cerrazón del Gobierno del PSOE, persistiendo en su empeño de desarrollar el llamado proceso de Bolonia en un marco de absoluta precariedad financiera y de ausencia del necesario consenso social, impregnado de políticas neoliberales, puede llevar a la Universidad pública española a un callejón sin salida de consecuencias imprevisibles.

Esta situación puede convertir la puesta en práctica del proceso de Bolonia en un intento de mera adaptación de la Universidad pública a los intereses del mercado, poniendo en peligro la esencia misma de la institución universitaria, concebida como servicio público, no mercantilizado, para una formación académica rigurosa y crítica, que ofrezca una capacitación profesional adecuada.
Ante esta situación, es urgente la adopción de las medidas, entre otras, que proponíamos en nuestro programa electoral de 2008 y que hemos formulado en la Proposición No de Ley presentada recientemente en el Congreso de los Diputados. Izquierda Unida de la Región de Murcia considera estas medidas “condiciones sine qua non” que si no se satisfacen en la reforma universitaria en marcha, hacen totalmente ilegítima su aplicación.

La apertura de una debate un debate interno en las universidades, que ha de extenderse tanto en el ámbito político como social, con participación del parlamento, sindicatos, asociaciones de estudiantes, colegios profesionales oficiales, etc…

En el ámbito de la Región de Murcia, IURM impulsará este debate social en sede parlamentaria, dado que buena parte de las decisiones que implica el proceso han de tomarse por el gobierno regional.

Todo este proceso ha de concluir en la celebración de un referendum consultivo abierto a la participación de toda la comunidad universitaria.

Izquierda Unida de la Región de Murcia apoya y se compromete con la movilización social y estudiantil en defensa de una universidad pública en el ámbito de una convergencia real del espacio europeo de educación superior.

Elaborar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un plan de financiación para la adaptación de las Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior impulsando la innovación educativa y la calidad puramente académica de los estudios universitarios.
Desarrollar un plan que tienda a la gratuidad de los estudios universitarios, basado en la congelación de tasas y oponiéndonos a cualquier aumento de sus precios públicos.
Especificar las medidas concretas para hacer realidad que los estudiantes puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social y económico, de acuerdo con lo requerido al respecto en la encuesta europea sobre la dimensión social del EEES.

Establecer un sistema generalizado y suficiente de becas y becas salario equiparando el gasto correspondiente con el de los países europeos más desarrollados. Izquierda Unida de la Región de Murcia rechaza abiertamente la figura de las Becas-Préstamo a la vez que reclama una subida sostenible del sistema de becas para llegar en pocos años a la media del gasto de los países de la OCDE.

Modificar el sistema de préstamos públicos para Másters de modo que su devolución se haga exclusivamente cuando el beneficiario supere la renta media existente y en un porcentaje fuertemente progresivo sobre el exceso de la misma.

Creación de un proceso de elaboración de abajo-arriba, con la participación de universidades y colegios profesionales oficiales, para constituir los nuevos modelos de cursos formativos que habilitan para ejercer ciertas profesiones. Ya que hoy en día están siendo creados de arriba-abajo mediante la incoherente forma de Másters.

Izquierda Unida de la Región de Murcia manifiesta su oposición al modelo actual del Consejo de Estudiantes, así como cualquier fórmula de composición mixta donde los representantes del Ministerio de Educación ostenten la máxima representación. La creación del Consejo de Estudiantes Nacional debe ser sometida al voto de los estudiantes de las distintas universidades españolas. La legitimidad de un órgano que, en teoría, representaría al conjunto de la población estudiantil universitaria, pasa por que los mismos alumnos hayan delegado en este órgano, de forma directa, su voluntad soberana.

Izquierda Unida de la Región de Murcia rechaza aquellas fórmulas de financiación mixta contempladas en el Informe de Financiación publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación que proponen otorgar más recursos a aquellos proyectos que cuenten con más financiación externa en su haber. Ello propicia la mercantilización de la educación superior y pone en peligro la plena y universal autonomía académica tanto en la investigación como en los planes de estudio. IURM apuesta por un modelo donde la participación empresarial no condicione la autonomía académica de las universidades. En este sentido Izquierda Unida de la Región de Murcia exige un sistema de financiación pública y estable que permita avanzar hacia una universidad Pública, Democrática, Crítica y de Calidad.

Desde un punto de vista regional, IURM considera como una amenaza para un reparto equitativo de los fondos públicos asignados por el Estado a la financiación de las Universidades, el que se condicione la percepción de inversiones públicas a la atracción de capitales privados. Considerando la debilidad del tejido productivo murciano, el programa Campus de Excelencia contemplado en la Estrategia 2015, sólo puede constituir un agravio para regiones en una situación como la nuestra. Un reparto de fondos públicos efectuado de acuerdo a criterios semejantes iría en contra de la tendencia a la homogeneización de la educación superior en España, que ha permitido a la gran mayoría de jóvenes de nuestro país realizar estudios universitarios de calidad en universidades cercanas a su lugar de residencia.

Frente a esto, y con la excusa de la crisis, nos encontramos con que el Gobierno de Zapatero ni concreta (según requiere la encuesta europea sobre la dimensión social del EEES) el repertorio de medidas para hacer realidad “que los estudiantes puedan completar sus estudios universitarios sin obstáculos relacionados con su situación socio-económica”; ni ha puesto en marcha programa alguno de becas-salario; ni la nueva regulación de préstamos para los másters respeta el criterio de supeditar su devolución a que se haya superado la renta media existente, limitándolo a un período inicial de carencia.

Por su parte, distintos gobiernos autonómicos, que son los responsables directos en la financiación de las Universidades, amenazan con recortes que harían inviable la implantación de los nuevos Planes de Estudio en las condiciones necesarias. Y en el caso de Madrid y de Valencia, incluso se pone en peligro la situación de sus plantillas. La cuestión es especialmente grave por el hecho de que las universidades, de acuerdo con la normativa vigente, están obligadas a implantar los nuevos estudios de Grado y Máster a partir del curso académico 2010-2011. Por lo tanto, hay que exigir a los Gobiernos central y autonómicos que abran un amplio debate, con participación de toda la comunidad universitaria, con el objeto de consensuar las reformas; y que sin más dilación adopten las medidas presupuestarias imprescindibles para hacer posible una convergencia real en el Espacio Europeo de Educación Superior, totalmente inviable sin una financiación adecuada.

Murcia, 20 de Febrero de 2009

Áreas de Juventud y Educación de IURM.

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